Tú aportas 6 datos, y en parte pueden importarse solos. Nosotros buscamos automáticamente los otros 187 con el conocimiento real de tu localidad y tu zona, y generamos el expediente completo. Te asiste y lo firma un técnico especializado. De ti solo necesitamos 12 minutos.
Treinta segundos, sin registro. Después, el diagnóstico preliminar tampoco tiene coste ni pide tarjeta — crear cuenta.
No disponer del plan es infracción leve: entre 101 y 2.000 €. Nadie contrata una consultora por eso. El riesgo real es otro, y casi nadie lo tiene en el radar.
Para las beneficiarias de ayudas directas del RDL 7/2026, el incumplimiento conlleva devolver lo percibido. Y descalifica para futuras convocatorias.
El plan se negocia con la representación legal. Una vez firmado, sus medidas pasan a ser exigibles durante toda su vigencia.
Además del 5 de diciembre hay tres meses desde la adopción para comunicarlo a tu comunidad autónoma. Datos inexactos: infracción grave.

| Razón social, CIF y dirección del centro | 2 min |
| Régimen de turnos | 2 min |
| Plazas de aparcamiento exclusivas en o cerca del recinto | 1 min |
| CSV de nómina: código postal, turno, contrato | 3 min |
| Estimación de cómo llega la gente | 2 min |
| Revisión de medidas propuestas | 2 min |


Qué centros están obligados y bajo qué umbral. Por centro, no por empresa.
Censo, oferta de transporte y encuesta pre-rellenada a la plantilla.
Paquete completo para el comité y acta lista para firmar.
Validación técnica, comunicación autonómica, EDIM y dosier de inspección.
No es «un informe». Es un expediente numerado, con la trazabilidad de cada dato, pensado para que una inspección lo pueda recorrer sin llamarte por teléfono.
Por qué tu centro está obligado, o por qué no, con la regla aplicada y la fuente de cada dato.
Qué se cargó del censo, qué se descartó y por qué. Es la prueba de que se aplicó la regla de cinco.
Cómo crees que llega hoy tu gente. Sirve para contrastarlo después con lo que diga la encuesta.
El cuestionario enviado, la participación por turno y las respuestas agregadas.
Reparto modal, emisiones, coste para la plantilla, exposición a zonas de bajas emisiones y accesibilidad.
Cada medida con su coste, su responsable, su indicador y de dónde sale el dinero.
Para citar formalmente a la representación legal, con los plazos que exige el artículo 26.
Lo mismo que el diagnóstico, escrito para que lo entienda quien no ha visto un plan de movilidad.
Lista para firmar, con las tres salidas posibles: aprobado, aprobado con aportaciones o sin acuerdo.
Firmado por una persona con nombre y titulación, que asume la responsabilidad técnica. Sin esto no se presenta nada.
Dirigido a la autoridad de tu comunidad autónoma, con el anexo de datos en el formato que pide el Ministerio.
Todo el expediente ordenado para que una inspección lo recorra sin llamarte, más el manual de tu plan.
El plan íntegro más la prueba de cómo se elaboró: la encuesta y qué medida salió de cada hallazgo, el protocolo de la negociación con sus plazos, las dos aprobaciones apartado por apartado y la huella de cada documento.
Aportar los 6 datos te cuesta 12 minutos. Recorrer los 9 pasos enteros —revisar el diagnóstico, elegir medidas, negociar— son unos 43 minutos tuyos en total, repartidos a lo largo de las semanas. El resto es espera, y casi toda es de una sola cosa: que tu plantilla conteste.
De punta a punta, entre cuatro y seis semanas. Quien empiece después de octubre llega justo al 5 de diciembre, y quien empiece en noviembre no llega.
El simulador no solo dice qué hacer: dice de dónde sale el dinero. Y te avisa de qué palancas van a romper la negociación con tu comité antes de que las lleves a la mesa.
Un CAE equivale a un kWh de energía final ahorrada. Es transferible y hay mercado secundario. El trasvase de coche privado a transporte colectivo genera ese ahorro. Valor de referencia en 2026: en torno a 0,09–0,10 €/kWh.

El registro del MITECO solo admite compensar con proyectos de absorción forestales en España. La reducción por movilidad de la plantilla es alcance 3 y no genera créditos vendibles.
| Palanca | Fricción con la RLT |
|---|---|
| Lanzadera y abono de transporte | Sin fricción |
| Prima por km no recorrido | Baja |
| Plazas reservadas a coche compartido | Media |
| Reducción progresiva de plazas | Alta |
| Cobrar por aparcar | Riesgo jurídico |

Un plan de movilidad se puede rellenar con lo que exige el artículo 26 y quedarse ahí. Estas tres son las que más veces se despachan con un párrafo, y las tres cambian lo que el plan sirve de verdad: dónde puede entrar tu plantilla, quién puede llegar al centro y si las medidas devuelven lo que cuestan.
Desde el 1 de enero de 2026 todos los municipios de más de 50.000 habitantes deben tener ZBE activa. Son más de 150 municipios, en estados muy distintos: unos ya sancionan, otros siguen en implantación y algunos no han empezado.
Cargamos los polígonos que cruzan los corredores reales de tu centro, con la fuente y la fecha de cada uno registradas, e incluimos los municipios contiguos por los que pasa tu plantilla.
El artículo 26.3 obliga a atender las necesidades de quienes trabajan habitualmente en el centro — y también las de visitantes y proveedores. El plan lo trata como un capítulo propio, con su medida, su responsable y su indicador.
Y no solo la movilidad reducida, que es lo único que suele mirarse. También la discapacidad sensorial —una parada que solo avisa por altavoz deja fuera a quien no oye—, la cognitiva y la neurodivergencia: un transbordo con aglomeración y megafonía es una barrera real y no aparece en ninguna auditoría al uso.
En la aplicación tienes la auditoría del centro por zonas —del itinerario exterior a la evacuación accesible— y la tramitación de la exención de restricciones ZBE para vehículos de personas con movilidad reducida acreditada.
Una consultoría de movilidad cuesta varios miles de euros, y por eso un centro que no llega al umbral nunca se lo plantea: no hay medida pequeña que devuelva eso.
Aquí el plan se genera solo, y el precio baja con él. Con ese coste, las medidas que el propio plan detecta —ajustar una hora de entrada al autobús que ya pasa, reservar cuatro plazas a coche compartido, un abono negociado— ya salen a cuenta. No hacen falta las grandes: bastan las que estaban ahí y nadie había medido.
Y hacerlo sin estar obligado deja de ser un trámite y pasa a ser una decisión, que sí se puede contar: calculamos el beneficio para la plantilla, para la empresa y para su reputación, y generamos el capítulo listo para la memoria de sostenibilidad.
Elaboramos el expediente conforme al artículo 26 de la Ley 9/2025 y lo valida un técnico especializado que asume la responsabilidad técnica del documento. Si la autoridad competente requiere subsanación por un defecto técnico imputable a MOVO, la rehacemos sin coste y, si aun así no fuera subsanable, devolvemos el importe íntegro.
No garantizamos el sentido de una resolución administrativa: ningún proveedor puede hacerlo legítimamente. Garantizamos nuestro trabajo.

No es solo una firma al final. Puedes hablar con él mientras preparas el expediente: qué medidas encajan en tu centro, qué se puede llevar a la mesa con el comité y qué no.
Y todo el proceso automático se detiene en un punto: ese técnico especializado revisa el expediente, contrasta las medidas con el contexto real del centro y asume la responsabilidad técnica.
Sin esa firma no se genera el documento definitivo ni se comunica nada a ninguna administración.
Antes de contratar nada. Te decimos si tu centro está obligado, qué plazo tienes de verdad y qué recibes — y si no te encaja, te lo decimos también.
El Plan de Movilidad Sostenible al Trabajo de un centro, entero, con un técnico que lo revisa y lo firma. Un solo pago: no hay cuota mensual.
El mismo precio tenga tu empresa veinte personas o mil. Lo que se paga es el expediente de un centro, entero y firmado.
Respuestas cortas y con la cifra exacta. Si prefieres comprobarlo en la fuente, todo está enlazado más abajo.
Los centros de trabajo con más de 200 personas trabajadoras, o con más de 100 en un mismo turno, siendo ese su lugar habitual de trabajo. La obligación la establece el artículo 26 de la Ley 9/2025 de Movilidad Sostenible.
Por centro de trabajo. Una misma empresa puede tener un centro obligado y otro que no. Y como la comunicación va a la comunidad autónoma de cada centro, tres centros obligados en tres comunidades son tres comunicaciones distintas.
Sí, y cuenta entero, teletrabaje dos días o cinco. Quien teletrabaja sigue adscrito a su centro y computa. Es el error de cálculo más frecuente y el que más veces convierte un «no me aplica» en un incumplimiento. Lo que sí conviene mirar es el segundo umbral: más de 100 personas en un mismo turno obliga aunque el centro no llegue a 200.
El 5 de diciembre de 2026. El Real Decreto-ley 7/2026 redujo el plazo de 24 a 12 meses y adelantó la fecha un año. Además hay tres meses desde la adopción del plan para comunicarlo a la comunidad autónoma e inscribirlo en el EDIM.
No disponer del plan es infracción leve, con multa de entre 101 y 2.000 euros. El riesgo económico de verdad es otro: quien haya percibido ayudas directas del RDL 7/2026 puede tener que devolverlas, y queda descalificado para futuras convocatorias. Comunicar datos inexactos sí es infracción grave.
Sí, el plan se negocia con la representación legal. Y conviene saber que, una vez firmado, sus medidas pasan a ser exigibles por la plantilla durante toda su vigencia. Por eso importa qué medidas se meten.
A la autoridad competente que designe cada comunidad autónoma, que lo incorpora al Espacio de Datos Integrado de Movilidad (EDIM) del Ministerio de Transportes. No existe una ventanilla única estatal: cada comunidad tiene su procedimiento.
No. La normativa no exige certificación oficial para un Plan de Movilidad Sostenible al Trabajo. En MOVO lo firma igualmente un técnico identificable que asume la responsabilidad técnica, porque es lo que sostiene nuestra garantía, pero es un compromiso de calidad y no un requisito legal.
El trasvase del coche privado al transporte colectivo genera ahorro energético certificable como CAE conforme al Real Decreto 36/2023, y esos certificados son transferibles y tienen mercado. Lo que no genera son créditos de carbono vendibles: la movilidad de la plantilla es alcance 3 y el registro del MITECO solo admite proyectos de absorción forestales en España.
Si no estás obligado, hacerlo deja de ser un trámite y pasa a ser una decisión, y eso sí se puede contar. Aporta un indicador verificable para financiación ligada a sostenibilidad y un capítulo listo para la memoria.
Sin registro. Si prefieres hacerlo por tu cuenta, aquí tienes lo que necesitas.
Los nueve pasos, quién aporta qué y un ejemplo completo con las cifras que salen. En PDF y sin dar el correo.
Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible
Observatorio del Transporte y la Logística · abril 2026
BOE
Ministerio de Transportes
MITECO
ISTAS · CCOO

La mayoría de las empresas se equivocan al calcular el umbral. El error más común: creer que el teletrabajo te baja de los doscientos. No lo hace. Y hay un segundo umbral —cien personas en un mismo turno— que obliga a muchas naves que no llegan a doscientas.
Comprobar si me aplicaAntes de contratar nada. Te decimos si tu centro está obligado, qué plazo tienes de verdad y qué recibes — y si no te encaja, te lo decimos también.